Algunas noticias interesantes sobre la exclusion en España:

Un 28,6% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social

La renta media de los hogares se redujo un 0,2% hasta los 26.092 euros, según la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE

El aumento de la pobreza es una de las profundas heridas que ha dejado la larga crisis en la sociedad española. Casi tres de cada diez españoles, el 28,6% de los ciudadanos, se encuentra en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas, según la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La frialdad de los datos permiten trazar un perfil general sobre los que tienen más riesgo de caer en la pobreza: extranjero, con estudios secundarios básicos, sin empleo y sin pareja pero con un hijo y que viva en Andalucía.
Las graves secuelas de la crisis financiera siguen siendo palpables. Aunque las variables macroeconómicas mejoran trimestre a trimestre, las condiciones de vida de los ciudadanos evolucionan a un ritmo mucho más lento. Dos años después de la salida oficial de la recesión, el 28,6% de los ciudadanos está en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, según la metodología AROPE (del inglés, at risk of poverty or social exclusion), que tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza (calculado con el método Eurostat, que mide la población que gana un 60% menos de la mediana), la situación laboral de los hogares, y los índices de carencia material severa. Los datos ofrecidos por estos tres indicadores en 2015 muestran una evolución favorable respecto al año anterior. En 2014 la tasa de pobreza y exclusión social alcanzó el 29,2%, el máximo de la serie histórica. Aunque casi todos los datos son algo mejores, la situación sigue siendo dramática para muchas familias.
"La reducción global de la tasa de exclusión social se produce de forma común en sus tres componentes. Así, el riesgo de pobreza pasa del 22,2% al 22,1%; la carencia material severa, del 7,1% al 6,4% y la baja intensidad en el empleo se reduce del 17,1% al 15,4%", señala el documento del INE.
Aunque los indicadores mejoran, lo cierto es que la recesión ha dejado heridas profundas. El 6,4% de los ciudadanos admite que sufren una carencia material severa. Han padecido al menos cuatro de estas circunstancias: no pueden irse de vacaciones al menos una semana al año, no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no puede poner la calefacción o el aire acondicionado, no tiene dinero suficiente para tener una lavadora, un televisor, un coche o incluso un móvil y, por supuesto, tiene dificultades para llegar a final de mes.

Ocho millones de personas, en riesgo de exclusión social en España

Los recortes han debilitado estas prestaciones para los colectivos «más vulnerables».

Los recortes han debilitado los servicios sociales «cuando más se necesitan», dejando a los 8 millones de personas «más vulnerables» en riesgo de exclusión social. Las personas dependientes y las víctimas de violencia de género han sido dos de los colectivos más afectados. Son algunas de las conclusiones del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2015 (con datos oficiales de 2014), presentado en Madrid por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que establece la media de España en 4,54 puntos sobre diez, la más baja de la última legislatura. En ese periodo, se acumulan 2.200 millones de euros de recortes en el presupuesto desde el Estado a estas partidas sociales, a lo que hay que añadir 5.500 que han dejado de aportar las comunidades autónomas y los más de 1.000 de las administraciones locales (esta cifra sólo en el último año). Además, el documento detecta otros problemas en el sistema, como la gran disparidad y la «enorme brecha» entre comunidades autónomas, los «derechos de papel» (sólo reconocidos en la legislación pero no aplicados) y el «abandono estatal y ahogamiento financiero» de estos servicios. De hecho, el gasto en servicios sociales en el conjunto del Estado supone unos 15.000 millones de euros, de los cuales la Administración central aporta tan sólo el 13%. El 87% restante procede de las Comunidades Autónomas y las entidades locales (61,4% y 25,6%, respectivamente).
Por todo ello, en palabras de José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, «habría que poner también en la Constitución el derecho a los Servicios Sociales» y anular y modificar la reforma local que acaba de entrar en vigor, pues puede provocar «una sangría» que dejaría «sin protección» a muchos ciudadanos. También pidió recuperar los niveles de inversión de 2009, llegar a un Pacto de Estado en materia de Dependencia, una Ley Estatal de Garantía de Rentas e información oficial transparente. Durante la presentación del índice también intervino su coordinador, Gustavo García, que destacó que «por primera vez» desde que lo elaboran, una comunidad es calificada como «excelente» en Servicios Sociales (nota superior a los 7,5 puntos), como es el caso del País Vasco que ha sacado un 8,05, aunque mostró preocupación por la tendencia en caída de Castilla-La Mancha, que se sitúa en el 4,9. Asimismo, subrayó que, «se confirma un año más el protagonismo de las entidades locales para la eficacia y eficiencia del sistema», pues el estudio refleja que en aquellas regiones más descentralizadas los servicios sociales sacan mejor nota.
Por el contrario, las comunidades autónomas «antiguas» que creen que los servicios sociales «son cosa de los pobres» y de la «beneficencia» reflejan «un desprecio absoluto» a este ámbito. A tenor de la media del índice, Valencia suspende con 1,01 puntos, y Murcia, Canarias y Galicia superan los dos puntos de calificación. No obstante, según los directores de servicios sociales, Cataluña ha pasado de ser referencia a «dar pena». No obstante, alertó de que en próximas ediciones del índice se podría serguir viendo «el efecto del recorte», pues no se aprecia «de inmediato» aunque se haya recuperado el gasto.
En su turno, Luis Barriga, responsable del análisis económico de la asociación, calificó de «amenazante» el panorama creado con la reforma de la Administración local que ha entrado en vigor el 1 de enero, pues en su opinión supone una inseguridad importante. También recordó que el presupuesto de servicios sociales apenas ronda el 1,5% del PIB en 2014, lo que supone 14.000 millones de euros.